Denuncian Contubernio de Autoridades para Desalojo en Mismaloya – Boca de Tomatlán
Federación, Estado y Municipio
Denuncian Contubernio de Autoridades para Desalojo en Mismaloya – Boca de Tomatlán
Abogado enviado por AMLO, dijo en Puerto Vallarta PRD interpondrá juicio político y penal contra quien o quienes resulten responsables por acciones amañadas por un grupo de hampones que pretenden fraccionar esa zona
Por Mauricio Lira Camacho
NOTICIASPV
Carlos Bojórquez Hernández abogado integrante del auto denominado gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Puerto Vallarta para informar que en breve el Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentará una solicitud de juicio político y acción penal, contra quien resulte responsable por lo amañado del proceso que se sigue y determinó a finales del año pasado una orden de desalojo en contra pobladores y ejidatarios del poblado de Boca de Tomatlán y Mismlaloya.
En este contubernio, se expuso, están involucrados representantes del gobierno federal, del estado y hasta del municipio.
Directamente ambos procesos en contra del magistrado, Sergio Luna Obregón, además se dio los nombres de Emilio González Márquez, como gobernador del Estado, del secretario de educación en la entidad, Miguel Ángel Martínez Espinosa, de la titular de la secretaría de educación pública en el gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, acusados de ser funcionarios y servidores públicos que mediante un contubernio apoyan con sus acciones el desalojo en ese poblado.
El juicio político será impulsado por el PRD desde Jalisco ante las instancias correspondientes, se dijo, aunque existe el riesgo latente de un desalojo en cualquier momento, debido a las mafias y fraccionadores amañados quienes se dicen afectados y que son los que promovieron procesos legales carentes de sustento, en las personas de Beatriz Beltrán y Puga y Fernando Beltrán y Puga.
En rueda de prensa, junto con Francisdo Javier Gildo Hernández, el abogado señaló, que el juicio político y penal, debe ser interpuesto por el comité directivo municipal del partido de la revolución democrática, PRD, vamos a proponer que sea ante el congreso del estado, y la posibilidad de interponer ante el congreso en la ciudad de México.
Se hablará con los diputados federales y senadores para analizar esta situación, estamos preparando la estrategia, pero no es político nada más sino de acciones penales en contra de funcionarios federales, estatales y locales.
Se trata de una acción legal corrupta de autoridades que se venden a los intereses de los inversionistas pues en el corredor Mismaloya Boca de Tomatlán, ya hay planes para desarrollo turístico que destruya la zona y la privatice.
Se pretende desalojar a los pobladores, no sin antes haberlos escuchado, se trata de los denunciantes quienes se sienten afectados y que tienen intereses por construir en esa zona de los señores Fernando Beltrán y Puga y Beatriz Beltrán y Puga.
La denuncia será contra quien resulte responsable por los actos ejecutados,
Estoy aquí por órdenes de AMLO, para dar seguimiento al asunto legal entre ejidatarios de Mismaloya – Boca de Tomatlán y la resolución del Tribunal Unitario Agrario, TUA.
En contra de fraccionadores mafiosos, han llevado un procedimiento amañado porque una vez revisado el incidente de ejecución de la sentencia número 1204, se encuentran con que el tribunal agrario, para poder ordenar una orden de desalojo, es inejecutable en virtud de las condiciones en las que se encuentra el lugar con construcciones que tienen un valor por varios millones de pesos, superior al dictamen de valuación que hicieron los peritos en su momento.
Además de un tercer perito en discordia que en rebeldía contra el comisariado ejidal, nombrado por el propio TUA, habiendo determinado, que el monto de indemnización para los ejidatarios asciende a los 3 millones 900 mil pesos.
Esto no corresponde a la realidad, como tampoco los elementos probatorios en lo que integran el procedimiento porque hay una interpretación unilateral de una decisión del supremo tribunal de justicia de la nación.
Donde se dice se modificó un plano de 1937, años después en 1964, el mismo que no deviene de una resolución presidencial, y que la corte lo determinó como válido para establecer que las 10 hectáreas de laq zona están fuera de los linderos del plano de 1964 por tanto son propiedad privada y lo reclama un particular tercero y se inicia un procedimiento donde no son llamados a juicio todos.
Hay una escuela privada federal de nombre Manuel López Cotilla y resulta quienes los aparentemente afectados demandantes no llamaron a juicio a la secretaría de educación pública pero si en la orden de desalojo.
Desde el punto técnico esto es ilegal por diversos motivos, parece que hay un contubernio entre gobierno del estado, el secretario de educación de Jalisco y la SEP así como el mismo sindicato, acusa el abogado.
Aparentemente lo que se traduce, dijo, es construir o fraccionar, pero antes desalojar a los ejidatarios y llama la atención que no se muestre interés de la propia secretaría de educación pública.
La secretaría de educación pública, ya debió haberse apersonado, ante lo que pudiera ser un atentado contra una institución en el poblado de Mismaloya.
Esto es grave, porque en una situación así en cualquier momento puede darse la orden de desalojo, noticia que tiene en vilo a los pobladores del lugar.
Desde el punto de vista técnico existen irregularidades en el proceso de las notificaciones, obviamente el magistrado el tribunal unitario agrario, el mismo gobernador el ayuntamiento de Puerto Vallarta que está obligado a entregar los permisos y a respetar los procedimientos administrativos,.
Autoridades del ayuntamiento han falseado información pues han enviado datos no verdaderos al expediente que contiene este procedimiento.
Dice que en ningún momento se entregaron permisos para construcción, ni las autorizaciones para operar algún giro mercantil.
Sin embargo, como se comprueba existen negocios con más de 30 años de estar trabajando en la zona, dijo el abogado.
De pronto llegan a la conclusión de que el magistrado del tribunal unitario está diciendo en el incidente de ejecución de que como no se es propietario basado en la resolución Entonces no deben entregarse licencias ni permisos al respecto.
Pero bajo esta premisa, señaló el abogado, se trata de una trampa producto de una conspiración porque los giros mercantiles y derechos en este sentido, así como las construcciones en las 10 hectáreas son del pleno conocimiento de la autoridad municipal.
Es incoherente que si por 30 años el gobierno ha entregado licencias y permisos, ahora la misma autoridad lo niegue.
Cuando se habla de falta de facultades del TUA, es porque se excedió en sus facultades de orden legal, no es el procedimiento.
Así como también existen terceras personas adquirientes que no fueron llamados a juicios, inmersos en este asunto legal.
Lo mismo que la secretaría de educación pública que no se ha llevado a cabo, el apersonamiento por afectación a plantel escolar federal.
Aquí lo que se presume es que haya un contubernio entre la autoridad estatal, el tribunal agrario unitario y el municipio, para el desahogo de un desalojo en contra de pobladores de Mismaloya Boca de Tomatlán.
El procedimiento es inejecutable por las condiciones del predio es urbana donde dependencias como la comisión federal de electricidad ya hizo su trabajo, donde existen recibos de servicios, no es lo que estos hampones pretenden hacer creer en la resolución de que es una zona rústica invadida con ejidatarios que viven en casas de cartón.
Desde el punto de vista de la verdad legal se da a entender que es una zona invadida y que no es la verdad.
Todo esto conlleva al procedimiento de ejecutar un juicio político y penal contra los actores que están fomentando en contubernio el desalojo en Mismaloya Boca de Tomatlán.
Acciones tanto func
Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, secretaría de educación pública, subalternos que no se han apersonado en un juicio donde se anuncia la demolición de una escuela, culminó.
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