En el gobierno de Roberto Sandoval de Nayarit, pase libre al feminicidio

* Hoy, el gobierno de Nayarit está en medio del escándalo y la sospecha: su exfiscal general Édgar Veytia fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Pero la administración encabezada por el priista Roberto Sandoval enfrenta otro enorme problema: decenas y decenas de asesinatos y ataques contra mujeres se perpetran ante la indolencia oficial. El propio Veytia está inmiscuido en muchos casos de impunidad, y el mandatario no hace nada para frenar la matanza.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Atrapado por la sombra del narcotráfico desde que su exfiscal –Édgar Veytia– fue detenido en Estados Unidos, el actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ahora está envuelto en la del feminicidio. El mandatario priista incumplió el plazo que hace seis meses se le otorgó para atender 10 propuestas de la Secretaría de Gobernación (Segob) que buscaban erradicar este delito, desatado en esa entidad.

Según las mencionadas recomendaciones, la dejadez estatal ante el feminicidio alcanza a ministerios públicos, jueces, al mencionado exfiscal y al propio gobernador, cuya administración ha sido acusada ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Segob y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarse a recibir denuncias por este delito e incluso por obstaculizar las investigaciones, siempre en favor de los agresores.

De hecho, en demandas presentadas por la abogada Mayela Ruiz Madrazo –representante de la organización Uka Nuiwame, en Defensa de Mujeres Violentadas y sus Menores Hijos– se acusa a Sandoval Castañeda de ejercer violencia en contra de su esposa, Ana Lilia López de Sandoval, quien supuestamente debió ingresar a un refugio antiviolencia del Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar (Inapvi).

El pasado diciembre Ruiz presentó ante el Congreso local una propuesta para inhabilitar a los servidores públicos que fomentan o son omisos ante la violencia feminicida. Por esta razón, además, pidió el desafuero para Sandoval.

Desde 2006 Nayarit es una de las entidades del país con más feminicidios, junto con el Estado de México y Chihuahua, denunció Marcela Lagarde, quien presidió la Comisión Especial de Feminicidios de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados. En el mundo, México ocupa el sexto lugar en cantidad absoluta de feminicidios, y el vigésimo tercero si esos asesinatos se cuentan en relación con la cantidad de habitantes.

El problema, evidente

Ruiz menciona que 21 de los 32 estados del país han solicitado a la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pero sólo se ha concedido a Morelos y al Estado de México.

En el caso de Nayarit, la solicitud para activar la AVG se entregó a la Segob en junio de 2016 (Proceso 2079). Cuatro meses después, la Conavim envió al gobierno nayarita 10 propuestas para eliminar los asesinatos de mujeres.

La representante de Uka Nuiwame estuvo en desacuerdo con el empleo del término “propuestas”. En un escrito enviado a la Conavim señaló: “(Esa palabra) no genera ningún impacto. Es dejar al arbitrio de las autoridades feminicidas la decisión de que las acaten o no, minimizando la importancia de los resultados de las conclusiones del grupo de trabajo, así como la violencia de género y feminicida en el estado”.

Además, encontró que el informe en que se consignan las recomendaciones es similar al remitido a otras entidades, lo que puede atribuirse a dos factores: “Que sea un machote, o bien, que denote la gravedad de la violencia de género y feminicida que se vive en el país, mostrando que las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres son una simulación que conlleva a un Estado genocida”.

De cualquier modo, el plazo para que el gobierno enviara su reporte sobre el cumplimiento de las propuestas venció el pasado martes 4.

En entrevista, Ruiz señala algunos puntos que el mandatario incumplió, como las modificaciones al Código Penal y al Código Civil para que el feminicidio se tipifique como delito; y la capacitación de los servidores públicos para fortalecer las propuestas de la Conavim. De hecho, representantes de esa comisión, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estuvieron en Nayarit para capacitar al respecto a todos los servidores públicos locales; sin embargo, a los cursos sólo acudieron ocho personas.

El mandatario nayarita, agrega, también incumplió con emprender acciones para prevenir los embarazos de adolescentes, problema en el que Nayarit destaca: está en el segundo lugar nacional. Tampoco se investiga si esos embarazos son producto de violaciones o incesto.

Otro fallo importante, arguye, es que la administración estatal no ha sancionado a los servidores públicos que han incurrido en “violencia feminicida institucional”.

“Una cuestión que me parece muy grave y no fue contemplada en las ‘propuestas’ de la Segob es el delito de trata, porque las autoridades niegan que exista en el estado. Sin embargo, una asociación civil de indígenas señaló que las niñas son vendidas por 2 mil pesos, y no estamos hablando de usos y costumbres, hablamos de trata”, manifiesta Ruiz.

El 12 de diciembre pasado, ella solicitó al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sancionar e inhabilitar a jueces y magistrados omisos ante la violencia de género, pero ninguna instancia aceptó su denuncia, bajo el argumento de que no ratificó su escrito. El 24 de ese mes presentó nuevamente la queja, y esa vez también solicitó la inhabilitación del presidente del TSJE y el desafuero para el gobernador. No obstante, la solicitud de nuevo se archivó, porque “no se le dio trámite”.

–¿Qué jueces y magistrados se prestan a las maniobras de Veytia? –se le pregunta.

–Todos, empezando por el presidente del TSJE, Pedro Antonio Enríquez Soto. A él lo puso el gobernador; sin embargo, responde a las órdenes de Veytia. Como sea, la mayoría de jueces está coludida.

“Yo manifesté que no hay estado de derecho en Nayarit porque todo lo maneja ­Veytia. Lo mismo sucede con los ministerios públicos y policías de Nayarit, quienes realizan detenciones arbitrarias, levantones, secuestros.”

El último feminicidio se perpetró el pasado martes 4. Ese día fue hallado –en el ejido de Palma Grande, municipio de Tuxpan– el cuerpo calcinado de una mujer conocida como La Güera. Tenía 42 años.

Brutalidad institucionalizada

Daysi Ocegueda y sus dos hijos eran víctimas de maltrato familiar. Por esta razón solicitaron medidas cautelares de protección. Pero los jueces Rodrigo Benítez Pérez, Guillermo Agustín Romero Ríos y la agente del Ministerio Público Patricia Marisela Betancourt Zepeda les dificultaron el proceso. Uka Nuiwame y su equipo de abogados intervinieron para destrabar el asunto.

“Daysi había sido sometida a violencia familiar, psicológica, económica y física, de la cual resultó con fracturas. También sufrió disparos con arma de fuego para amedrentarla. Con sus actuaciones y omisiones, las autoridades dejaron de velar por el interés superior de la víctima y sus menores. Por los hechos narrados por ella se sabe que padeció trata de personas perpetrada por su pareja, Pablo Humberto León Palomera, quien se la llevó a vivir a Estados Unidos cuando ella tenía 15 años.”

Pero cuando el juez apercibió a la abogada para que confrontara a Daysi con su agresor, la mujer desapareció. Por este motivo Uka Nuiwame solicitó la activación del Protocolo Alba, tanto en materia Familiar como Penal.

Desde entonces, en el refugio en que se encontraba Daysi y sus hijas niegan toda información. Se dio parte a la PGR, pero la investigación no ha avanzado.

El de Rosa Galindo, señala la abogada, es otro caso de violencia institucional: la fiscalía se negó a tomar su declaración por violencia familiar, y cuando lo logró, la llamaron a presentarse en el juzgado para someterla a valoraciones.

“Desde entonces dejé de tener comunicación con ella. Por ello solicité a las autoridades activar el Protocolo Alba. A diferencia de Daysi, a Rosa le otorgaron las medidas de protección. También promoví una indagatoria por trata de personas en la PGR”, explica.

Otro caso. Adriana Molina fue ultimada por Pedro Cervantes García, escolta del entonces fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia. Esto dejó en el abandono al hijo de la víctima, el cual tenía tres años de edad.

“La madre de Adriana ha sido hostigada y amedrentada para que me revocara dentro del proceso penal. Le dijeron que yo, como su asesora jurídica privada, le estaba entorpeciendo el proceso penal por dar a conocer que el homicida está en la nómina de la fiscalía. Esto demuestra que hay parcialidad a favor del homicida”, explica Ruiz Madrazo.

La letrada también lleva la defensa de María Hernández. Ella demandó a Salvador Hernández Castellón para exigirle la manutención de una hija en común. En respuesta, el hombre negó la paternidad.

Debido a esto, la juez Irma Leticia Bermúdez Cruz, del Segundo Juzgado Familiar –y siguiendo un proyecto de Isela García Santoyo, secretaria de acuerdos– ordenó en un auto del 13 de mayo de 2016 que se suprimiera del acta de nacimiento de la menor el nombre del padre y de los abuelos paternos.

Argumentó que una prueba pericial de grafoscopía arrojó que la firma del progenitor que aparece en el acta de nacimiento “no corresponde” y se negó a ordenar una prueba de ADN, según se lee en el expediente 1655/2014 del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia en Tepic.

El de Claudia Sanjuán y su hija de tres años es un caso más que involucra al exfiscal: la menor fue sustraída por su progenitor –Jahaziel Espinoza Huerta, asesor y protegido de Veytia.

Se presentó una denuncia penal ante la PGR por delitos cometidos por servidores públicos y sendas quejas ante la CNDH y la Conavim. Todo ha quedado consignado en los expedientes 1437/2016 del Juzgado Tercero de lo Familiar y en el 1053/16 del Juzgado Primero de lo Familiar.

Otro caso grave, denunciado ante instancias estatales, nacionales e internacionales, es el de Sonia Contreras, quien perdió a su bebé por acoso laboral y fue obligada a presentar su renuncia. De acuerdo con Ruiz, las denuncias de la afectada no procedieron debido a que César Pérez, gerente de la empresa Alpera (donde ocurrieron los hechos), es esposo de Carolina Sandoval Rosales, procuradora de la Defensa del Menor, adscrita al Centro de Justicia para la Mujer.

La propia Mayela Ruiz y sus dos hijos son víctimas de la violencia feminicida institucional. El juez cuarto de Primera Instancia de lo Penal, Oswaldo C. Delgado Najar, no sólo se declaró incompetente para conocer de un delito de violencia familiar, sino que dejó sin efectos una orden de aprehensión por abandono de familia. Argumentó que el delito estaba prescrito y sobreseído, a pesar de que el caso estaba en pleno juicio de amparo justamente por incumplimiento a la ejecución de la orden de captura.

Delgado Najar es el único juez que tiene escoltas de la Policía de Nayarit asignados por Veytia. Incluso, antes de que Veytia huyera, el juzgador era visto con frecuencia por la oficina del entonces fiscal.

Así, lleva cinco años el juicio promovido por Ruiz, en el que pidió la pérdida de la patria potestad para el padre, dación de alimentos, guarda y custodia plena y el divorcio necesario. Pese a que la acusación ya está comprobada, dice, aún no se dicta sentencia definitiva.

La situación es aún más oscura. El 21 de abril de 2015, Ruiz denunció ante la Segob que durante el acompañamiento jurídico a las víctimas, Jesús Rosario Arcadia, gestor de esta organización, y otro abogado de Uka Nuiwame fueron levantados por Veytia, entonces fiscal.

En un escrito presentado a Miguel Ángel Osorio Chong, la abogada precisó: “Con fecha 13 de enero del año en curso comparecí ante su despacho presentando formal denuncia ante hechos constitutivos de delito en contra del fiscal Édgar ­Veytia –también lo hice a su cuenta de correo electrónico secretario@segob.gob.mx–, en el cual solicité protección judicial y personal, ante el temor fundado de que el fiscal y el gobierno del estado atente en contra de mi integridad física y moral, así como el de mis dos menores hijos de tres años y cinco años de edad. Hasta hoy no he tenido manifestación alguna de su parte”.

Este reportaje se publicó en la edición 2110 de la revista Proceso del 9 de abril de 2017.