Javier Duarte, el infierno que le espera

* Aunque Duarte lleva poco menos de cien días en una cárcel guatemalteca, no ha sufrido el efecto de la “prisionalización” que conlleva estar en un centro de readaptación social a población abierta.

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XALAPA,Ver. (proceso.com.mx).- “Sí Duarte toca una cárcel veracruzana, no sabe el infierno que le espera. Estar en prisión, en población abierta, es estar muerto en vida”, dice la diputada panista de Veracruz, Maryjose Gamboa, presa durante ocho meses acusada de homicidio culposo por atropellamiento de un joven en Boca del Río.

Gamboa siempre responsabilizó a Duarte, al extitular de la SSP, Arturo Bermúdez y al entonces titular de la FGE, Luis Ángel Bravo de estar detrás de los golpes, torturas y vejaciones que sufrió el tiempo que estuvo en prisión y de aletargar “con alevosía” y “argucias jurídicas” su tiempo de reclusión.

En entrevista, Gamboa Torales –en prisión de julio de 2014 a febrero de 2015– asegura que aunque Duarte lleva poco menos de cien días en una cárcel guatemalteca, no ha sufrido el efecto de la “prisionalización” que conlleva estar en un centro de readaptación social a población abierta.

“Expuesto a la soledad, a golpes, maltratos, violaciones a tus derechos, a trabajos forzados, a que te traten como un animal, hasta pulverizar tu autoestima y defensas…cuando, eso le pase a Duarte, ahí sí, le espera el infierno”, afirma Gamboa, quien antes de diputada fue columnista del periódico Notiver y conductora de Meganoticias.

Entre el 17 y 21 de julio, Javier Duarte arribará a México tras un proceso que tardó más de 90 días y que incluyó dos solicitudes de extradición desahogadas en el Tribunal Tercero y Quinto –este último especializado en narcoactividad y delitos ambientales– de Guatemala, en donde a Duarte se le leyeron los diez delitos que le imputan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras tanto, el exmandatario veracruzano estuvo recluido en el Fuerte Militar de “San Rafael Matamoros”, una cárcel VIP –catalogada así por familiares de reos encerrados en otras cárceles de esa nación centroamericana–, pues en dicho Cereso sólo hay 27 presos recluidos. Políticos involucrados en fraudes fiscales, capos del narcotráfico de esa región centroamericana, servidores públicos presos por peculado y el propio Duarte.

Aunque en Guatemala, según cifras del Sistema Penitenciario, hay 71 mexicanos presos en las 21 cárceles de esa nación por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, robo y lesiones, sólo Duarte tenía la deferencia y privilegio de estar en una prisión militar, dado que el juez de control que le leyó su orden de aprehensión el pasado 15 de abril lo consideró un “sindicado vulnerable”, cuya vida peligraba –resumieron las autoridades guatemaltecas– en población abierta en cualquier otra prisión.

Duarte será entregado a la PGR acusado por la comisión de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, mismos que sus abogados alegan que debería ser “simple peculado”. Como descargo de pruebas (enlistan 19), se encuentran los testimonios de otrora prestanombres del exgobernador, como José Juan Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad de Veracruz, bautizado como Capitán Tormenta, al interior de la corporación.

En la Fiscalía General del Estado, el titular Jorge Winckler reclama la presencia de Duarte para fincarle responsabilidades por tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad. A todas estas acusaciones, Duarte respondió desde Guatemala que eran “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”.

Winckler, quien sólo da entrevistas con el permiso del gobernador Miguel Ángel Yunes y a medios muy seleccionados, aseguró a Luis Cárdenas, de MVS, que “existen más cargos en contra de Duarte de Ochoa” que no fueron incluidos en la solicitud de extradición, pero los cuales se “agregaran” una vez que el exmandatario veracruzano ya esté bajo disposición de la PGR en México.

“En su momento no se tenían las órdenes de aprehensión contra Duarte (por los nuevos cargos), por los que sólo se presentaron los mismos que se escucharon en la audiencia”, justificó.

Bermúdez y Tarek, la clave

Mientras Duarte de Ochoa espera su extradición y sus abogados mexicanos Marco Antonio del Toro Carazzo, Carolina Estudilla, Pablo Campuzano de la Mora y Luis Ricardo Chávez Coronado aguardan con cautela una nueva retahíla de delitos que habrá de fincar la FGE de Veracruz a su cliente veracruzano; desde el ciberespacio empezaron a circular audios del extesorero de Duarte y Karime Macías, Tarek Abdalá Saad y del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quienes con nítida voz hablan de que el exmandatario priista desvió miles de millones de pesos para campañas políticas del PRI.

Abdalá Saad primero fue director financiero del DIF estatal con Karime Macías y posteriormente tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

A él se le escucha tener una ríspida conversación con Duarte, quien en el teléfono lo reprende por el retraso en el traslado de mil millones en “cajas de huevo”, recursos y “tema” que ya reclamaron su retraso –se escucha en la grabación de un minuto– en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Se ignora si dicha grabación corresponde a la elección presidencial del 2012, a la federal intermedia del 2015 o a la gubernatura de Veracruz del 2016, en donde tras 87 años ganó la oposición con el PAN-PRD.

“Me están hablando del PRI nacional, porque quedé de enviarles los recursos desde hace dos días, y no les ha llegado nada. Háblale a Iván (en alusión al excontralor general del estado, Iván López Fernández) son mil, no es cualquier chingadera, puedo entender que se tarde, pero no que no llegó, que sí salieron de aquí las cajas de huevo, sino me van a hacer de chivo los tamales (sic)”, dice un irritado Duarte.

En el roce telefónico, Duarte le reprocha al hoy diputado federal Tarek Abdalá, que de no resolver en breve “el tema” pendiente con el PRI nacional, él mismo tendrá que buscar a todos y darle solución. “Ahora resulta que lo voy a tener que buscar yo”, fustiga el exmandatario, para luego recriminar, “sino estoy pintado, chingao”.

En respuesta, Abdalá dice “habría que checar” y se compromete con el gobernador que tratará que en la inmediatez se cumpla a cabalidad el envío de “el último peso y centavos”. Con las interpelaciones de Duarte, el extesorero contesta displicente: “sí, mi gober, sí mi gober (sic)”.

Del mismo modus operandi, aunque en un audio más reciente, desde la cárcel, el extitular de la SSP, Bermúdez Zurita –conocido como Capitán Tormenta al interior de la corporación– se autoexonera de haber cometido irregularidades en el pasado proceso electoral. Ataja que fue “por instrucción” de Javier Duarte que funcionarios del gobierno le entregaron mil 300 millones de pesos al entonces candidato priista Héctor Yunes, quien al final perdió la gubernatura con su primo-hermano, Miguel Ángel Yunes.

“Yo no los moví (el dinero), los protegía cuando el dinero llegaba, les ponía una patrulla. La movilización la repartió gente del candidato (sic)”, se escucha en el audio, en el cual Bermúdez Zurita narra a detalle que los interlocutores de Yunes para recoger los millones de pesos eran el exsubsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora Domínguez, y el exfuncionario de Desarrollo Económico en el sexenio de Miguel Alemán, Fernando Vázquez Rigada.

Los pendientes…

Mientras Javier Duarte y uno de sus titulares de Sefiplan, Mauricio Audirac ya tienen prisión preventiva, en la entidad que gobernaron de diciembre del 2010-2016, dejaron un desastre y una asfixia financiera en prejuicio de los 212 ayuntamientos de Veracruz.

Tan solo en Xalapa, capital del estado, no ministraron un total de 207 millones, 27 mil, 276 pesos, lo que orilló al alcalde priista Américo Zúñiga a interponer una demanda (FED/VER/XLPA/0001166/2016) por retención indebida de recursos del fondo metropolitano, para infraestructura social municipal, proyectos de desarrollo regional y fortalecimiento financiero.

En la querella –en poder de Proceso–, Zúñiga Martínez y su equipo jurídico ilustran que tan solo del Fondo Metropolitano, el gobierno de Duarte les quedó a deber la totalidad del recurso federalizado, traducido en 126 millones 987 mil, 393 pesos. La desesperación edilicia por la insolvencia financiera, orilló al mismo ayuntamiento priista a interponer una demanda de controversia constitucional por la ilegal e indebida retención del dinero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre del 2016. Actualmente el gobierno de Yunes Linares, únicamente ha depositado los pendientes que dejó Duarte al ayuntamiento de Xalapa a “cuentagotas”.

Un diagnóstico de la pasada legislatura asegura que hay más de tres mil millones de pesos pendientes por “ministrar” al resto de los 211 ayuntamientos.

En la misma situación se vio la Universidad Veracruzana (UV) cuya rectora Sara Ladrón de Guevara se vio obligada a demandar al gobierno de Duarte y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por el impago de dos mil 338 millones 700 mil pesos. Actualmente, aunque el pasivo persiste, Ladrón de Guevara ha hecho mutis en el reclamo de los recursos, pues su exdirectora administrativa Clementina Guerrero fue nombrada en el gobierno de Yunes Linares como secretaria de Finanzas y Planeación.

Tan solo en recursos pendientes por resarcir y/o solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Veracruz que manejó Javier Duarte dejó pendientes de un total de 34 mil millones en el periodo comprendido en las Cuentas Públicas Consolidadas 2011-2015, que lo ubica como el estado con mayor quebranto patrimonial observado, por encima de entidades como Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chiapas y Guerrero.

Los traidores de Duarte

En el Comité Directivo Estatal del PRI, funcionarios apuntan al exsecretario particular de Duarte, extesorero de Veracruz, exsubsecretario de Desarrollo Social, exoficial mayor de la SEV y hoy diputado de Nueva Alianza –todos esos cargos obtenidos por impulso del exmandatario–, Vicente Benítez González como uno de los primeros cercanos a Duarte en pactar con Yunes Linares.

Benítez González aparece como protagonista en las denuncias con los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014, mismos que la dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una decena de servidores públicos del gobierno de Veracruz por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, tan solo en la cuenta pública 2011, alusiva al primer año de gobierno duartista.

“Se realizaron movimientos bancarios con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas, para luego retirar los recursos reintegrados a una cuenta diferente sin que se tenga certeza de que hayan sido ejercidos para el cumplimiento de los objetivos”.

En el norte de la entidad, la familia de Ricardo García Guzmán –quien obtuvo diversos cargos públicos en la administración duartista–, ya fue incorporada al círculo cercano del gobierno de Yunes Linares. Se trata del contralor general del estado y cercano a Duarte (julio-2014-diciembre 2016) que fue precandidato único del PAN a la alcaldía de Panuco en el pasado proceso electoral. Su aspiración fue frenada por el Comité Ejecutivo Nacional panista quien advirtió su cercanía con el exgobernador.

Como consuelo, su hijo, Rodrigo García Escalante, diputado local de la coalición Juntos por Veracruz (PRI-PVEM) fue cobijado en el PAN. El otro hijo del excontralor, Ricardo García Escalante, tiene una carrera política sui generis: fue diputado local panista (2010-2013); como gobernador, Duarte de Ochoa lo convenció de pasarse al PRI y darle la candidatura a la alcaldía de Panuco, donde actualmente gobierna y ahora se alista para el próximo año ser candidato a diputado local –por segunda ocasión– de nuevo en el PAN, cobijado en el grupo político de Yunes Linares.

Como contralor general del estado, García Guzmán avaló en 2014, 2015 y 2016 las sesgadas declaraciones patrimoniales del propio Duarte en las que se decía propietario de apenas dos casas (una en Córdoba por herencia familiar y una que compró –dijo– en el Puerto de Veracruz), además de las de Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Francisco Valencia y Mauricio Audirac, todos ellos acusados de peculado y enriquecimiento ilícito.

Los que faltan

Hoy en día, continúan en libertad –y al parecer bajo un manto de protección oficial–, los legisladores federales priistas y otrora cercanos a Duarte, Erick Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso, así como el propio Benítez y Juan Manuel del Castillo.

De éstos, los propios priistas señalan a Benítez, Del Castillo y a Lagos Hernández de haber pactado “impunidad” con Yunes Linares a cambio de documentos que hundan más a Duarte, Bermúdez, Gina Domínguez y Alberto Silva, a quienes apenas el jueves 13 la Fiscalía General del Estado le solicitó a la Secretaría General del Congreso de la Unión un juicio de procedencia para su posterior desafuero.

A Silva Ramos lo acusan de haber desviado recursos públicos por el orden superior de los mil 500 millones de pesos en el periodo que fungió como vocero de Duarte en el periodo 2014, 2015 y siete meses del 2016, además de haber cometido los presuntos delitos de coalición, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

“Silva Ramos en Comunicación Social se ordenó pagar a medios y no reportar dichos gastos al Congreso local la cantidad de mil, 567 millones 771 mil 359 pesos con 50 centavos, por lo que –acota la FGE– se desviaron recursos públicos para los que no existía presupuesto ni suficiencia presupuestal”, justifica la FGE.

La deuda de sangre y justicia

Aunque Duarte hoy continúa siendo polémica en medios nacionales e internacionales por sus actos de corrupción, desvíos de recursos, ranchos y mansiones de multimillonario y sus prebendas a amigos y políticos cercanos a él, en Veracruz hay una deuda de verdad y justicia que reclaman miles de familiares de desaparecidos.

Lucy Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito, reclama que a Duarte y a Bermúdez, así como a otras exautoridades policiacas y de procuración de justicia también se les debería de juzgar por desaparición forzada y por omisiones en la investigación de miles de desapariciones; sin embargo, Genao lamenta que hoy la Fiscalía de Yunes exhiba la misma incompetencia que las que tuvo Duarte.