Proceso revela nombres de subordinados de Calderón involucrados en corrupción

* En un intento por frenar el escándalo que generó el soborno de 10.5 millones de dólares a exfuncionarios federales entre 2010 y 2014 por parte del brasileño Marcelo Odebrecht, el miércoles 5 Pemex dio información sobre cuatro de los 11 contratos firmados, pero ocultó los datos centrales. A pesar de ello, Proceso detectó los nombres de cuatro exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que firmaron uno de los ventajosos contratos…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pemex se ha negado a dar los nombres del personal presuntamente implicado en el soborno de 10.5 millones de dólares en el caso Odebrecht, incluso “testó, tachó o borró” las firmas de los contratos firmados con el conglomerado brasileño.

Pese a la opacidad, Proceso detectó los nombres de cuatro exfuncionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica que firmaron el contrato con Etileno XXI para que éste recibiera 66 mil barriles de gas etano por día.

Además descubrió la existencia de un “descuento” que forma parte de la “fórmula” para calcular el precio del etano a vender a Odebrecht durante dos décadas. Ello a pesar de que, según información de Pemex, el etano en México se cotiza, en promedio, 29% por debajo del precio internacional.­

Ante el escándalo que Brasil destapó por los sobornos en que incurrió Marcelo Odebrecht para lograr en varios países de América Latina –incluido México– y de África contratos ventajosos en materia energética, y por la aprobación unánime de la Cámara de Diputados que demanda cancelar todo trato de la federación y los estados con la empresa brasileña o sus filiales, Pemex “dio a conocer” los contratos el miércoles 5, aunque en realidad es una simulación.

La Procuraduría General de la República, por su parte, anunció que llamaría a comparecer a los exfuncionarios presuntamente implicados.

Lo que Pemex ocultó

Un par de horas después de que los diputados acordaron exigir la cancelación de todo convenio o contrato con Odebrecht, Pemex emitió un comunicado en el cual “reafirma su compromiso con la transparencia” e hizo “públicos” los contratos que administra.

Pero se trató de un uso faccioso de la información, pues sólo dio a conocer cuatro de los 11 contratos de los que hasta el momento se sabe. Sin embargo, al recurrir a la palabra “administra” esquivó los firmados entre 2009 y 2012, y con ello los convenios de ampliación que éstos tuvieron y que generaron pérdidas millonarias al país.

Los contratos “revelados” por Pemex fueron el que firmó con Odebrecht para el aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Salamanca y otro con la refinería Tula I (ambos en 2014), así como el de 2015 con la refinería Miguel Hidalgo, Tula II.

El único contrato de 2010 dado a conocer por Pemex fue el que firmó Pemex Gas y Petroquímica Básica con Braskem, SA (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa para el suministro de gas etano.

Ese contrato es considerado la verdadera joya de Marcelo Odebrecht. Es el relativo a la venta a la empresa Etileno XXI de 66 mil barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, Odebrecht se comprometió a construir Etileno XXI con una inversión inicial de 2 mil millones de dólares; al final el costo de la obra sobrepasó los 5 mil millones.

Lo grave –que no puede observar en el contrato dado a conocer por Pemex pues la mayor parte está borrada– es que ese documento fue utilizado como aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe con una línea de crédito de 120 millones de dólares “y como estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos del mundo.

De cancelarse el contrato, como demandan los diputados federales, los bancos BNDES de Brasil, SACE de Italia, EDC de Canadá, IFC del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo saldrían afectados, pues forman parte de esos créditos sindicados.

Más grave aún, Pemex tampoco dio a conocer los anexos del contrato entre Pemex y Braskem, en los cuales aparece “la fórmula” para obtener el precio al que se le vende el barril de etano.

El documento, que está clasificado pero del cual Proceso obtuvo una copia, incluyendo los anexos, tiene una página en la que se explica qué significa el factor “Y” que aparece en la citada fórmula. La “Y” significa “descuento”.

Según esa página, la clasificación se debe a que esa información “daña la estabilidad financiera y económica del país, al difundir información que ponga en riesgo la viabilidad del Proyecto Etileno XXI y su consecución conforme a los objetivos planeados, únicamente por lo que toca al factor ‘Y’ (descuento) que forma parte de la fórmula para calcular el precio del etano”.

Las ventajas para Odebrecht

La fórmula para calcular el precio del etano, en términos llanos, resulta en promedio 29% más barata con respecto a su cotización en el mercado internacional, de ahí que la empresa de Odebrecht –Etileno XXI– recibe de entrada un precio generoso y barato cada mes. Además, según el contrato (censurado por Pemex), se le otorga un descuento adicional.

De acuerdo con el documento Perspectivas del etano en Pemex, “bajo el mecanismo vigente, el precio del etano en Coatzacoalcos es 29 % promedio menor que el precio de Mont Belvieu. Este diferencial representa por sí solo un incentivo para la cadena etano-etileno-derivados”. Los derivados son todos los plásticos y resinas.

Asimismo, en el contrato se establece otra ventaja para Odebrecht, en detrimento de las petroquímicas mexicanas que ya no reciben el etano porque se va todo a Etileno XI: que “Braskem tendrá derecho a solicitar volumen adicional (a los 66 mil barriles mensuales), si estuviera disponible, con el propósito de crecer en el negocio”, tal como denunció la senadora Dolores Padierna desde el 2 de diciembre de 2014.

La fórmula fue aprobada por la Comisión Reguladora de Energía cuando su presidente era el panista Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, hijo de Francisco Xavier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo en la última etapa de la administración de Vicente Fox.

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón y su homólogo brasileño Luz Inácio Lula da Silva fueron testigos de honor en la firma de intención de lo que se cristalizó el 19 de febrero de 2010 con Pemex Gas y Petroquímica Básica y Etileno XXI.

El 4 de enero de 2010, el panista Jordy Herrera, quien fue secretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras, fue nombrado director de Pemex Gas. A su vez, Miguel Tame Domínguez estuvo en Refinación de diciembre de 2009 a enero de 2017.

En el contrato que Pemex dio a conocer, los nombres de los funcionarios firmantes están censurados. Sin embargo, Proceso obtuvo copia del contrato sin censura en el que se pueden leer los nombres de cuatro exempleados de Pemex, dos de Baskem y otros tantos de Grupo Idesa.

Por Pemex firmaron los entonces subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Y aunque Jordy Herrera era su jefe inmediato, no figura en el contrato.

Por Baskem, lo hicieron sus directores Cleantho de Paiva Leite Filho, de Unidad Negocios Internacionales, y Airton Beretta, de Unidad Negocios Internacionales; por Grupo Idesa, su director general José Luis Uriegas Uriegas, y Patricio Gutiérrez Fernández, director de Planeación y Desarrollo de Negocios.

Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de 2010 a diciembre de 2013 los sobornos ascendieron a 4.5 millones de dólares, y de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 él entregó otros 6 millones. El diario La Jornada informó que solicitará la declaración de quienes firmaron los contratos.

Los 10 contratos

El miércoles 5 Pemex sólo dio a conocer tres contratos firmados con Pemex Refinación en 2014 y 2015, así como el de Etileno XXI de 2010. Cuando un ciudadano preguntó a Pemex Transformación Industrial sobre los contratos, la empresa le notificó que fueron cinco: los tres que Pemex dio a conocer el miércoles 5 y otros dos celebrados en 2015.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al azar en sus cuentas públicas siete contratos: dos en 2009, uno en 2010, uno en 2011, otro en 2012 y dos en 2015.

Haciendo un cruce, suman 10 contratos firmados entre Pemex Refinación y Pemex Transformación Industrial, más el de Etileno XXI.

Se trata de diferentes “etapas” de obras que se realizaron en Minatitlán, Tula y Salamanca. En todas, la ASF detectó pagos indebidos, convenios modificatorios y, con excepción de uno, los dictámenes fueron “negativos”.

Uno de los más escandalosos fue el de la cuenta pública de 2015, para el mantenimiento de la capacidad de producción y aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula. El proyecto tuvo una estimación de costo de 23 mil millones de pesos, con la firma de 69 contratos con diversas empresas, entre ellas Constructora Norberto Odebrecht, SA, que participó junto con ICA Fluor Daniel.

La firma detectó que a Fluor Daniel le asignó un contrato de 18 mil 98 millones 312 mil pesos y otro a Odebrecht por mil 436 millones 398 mil, ambos de manera directa.

La ASF pidió una explicación para saber por qué se adjudicaron en esa forma, pues “carece de un marco normativo que regule el procedimiento de contratación por adjudicación directa para trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor”.

La afectación económica que establece –y que considera como “recuperaciones probables”– es de 770 millones de pesos, en números redondos.

En la cuenta de 2015, en el rubro de mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales y proyectos de sostenimiento de la refinería de Salamanca, la ASF detectó otro contrato por mil 160 millones 15 mil pesos, adjudicado de manera directa a Odebrecht­ e Ica Fluor. La obra debió entregarse en 2015, pero se autorizó un convenio modificatorio para ampliar el plazo hasta 2016.

Entre las irregularidades encontró que Pemex “no estableció la relación entre la cantidad de entregables por disciplina y la cantidad de horas-hombre requeridas para la ejecución de los servicios, de ahí que se desconozca cuáles fueron los factores considerados en la determinación de la cantidad de horas-hombre contratadas. Adicionalmente, se observó que no se estableció la metodología conforme a la cual la entidad fiscalizada realizaría la supervisión del control y seguimiento del contrato para asegurar los resultados deseados”, entre otras cosas.

En este contrato la afectación y posible recuperación fue de 151 millones 30 mil pesos.

En el proyecto “Minatitlán paquete 4 planta hidrodesulfuradora de gasóleos, planta de hidrógeno y planta recuperadora de azufre”, Pemex autorizó pagos por “gastos no recuperables” por suspensión de los trabajos; también hubo un convenio modificatorio para la entrega, así como ajuste de costos. En total, se pidió la justificación de pagos por 560 millones 163 mil pesos.

En el contrato de Minatitlán, “paquete 5 planta de coquización retardada…”, la ASF detectó pagos a Odebrecht por ajuste de precios de los insumos, pagos en excesos al contratista. Y pidió la justificación de 91 millones 243 mil pesos.

Hubo otros tres contratos detectados por la ASF con situaciones similares y afectaciones de 420 millones 121 mil pesos, otro por 862 millones 254 mil y uno más por 769 millones 885 mil.

Todas las afectaciones suman alrededor de 3 mil millones, en su mayoría pagos injustificados y alzas en los insumos, con beneficios a Odebrecht.

Y luego de los pagos millonarios por Minatitlán y sus proyectos, en la cuenta pública de 2012 la ASF cierra toda la revisión, pues Pemex notifica que para corregir los errores se requerirían 5 mil millones de pesos, por lo que “ya no es viable continuar”.

Pero esta empresa no sólo tiene contratos con Pemex; la diputada federal del PVEM, Daniela de los Santos Torres, quien en 2001 fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en el Congreso de Michoacán, muestra con documentos la obra de la presa General Francisco J. Mújica autorizada en 2006, la que según su auditoría tuvo un costo programado de mil 500 millones de pesos pero cerró en 2 mil 600 millones.

El dictamen de la comisión estableció que “es obra inconclusa, falta poner en funcionamiento la hidroeléctrica, lo grave es que es una obra que se encuentra finiquitada al 100% por la auditoría de Michoacán… cuenta con problemas para operar, existe una aparente falta de proyecto ejecutivo, pues los costos y etapas de construcción sufrieron de constantes cambios”.

Todas las irregularidades detectadas por la ASF y el Congreso de Michoacán, así como por la Cámara de Diputados tampoco las mencionó Pemex el miércoles 5; tampoco dio a conocer la totalidad de los contratos, sus contenidos y anexos.

Este reportaje se publicó en la edición 2110 de la revista Proceso del 9 de abril de 2017.